El juicio por el Caso Líbero ha qo visto para sentencia y el Granada se encuentra ante el momento más delicado de su historia reciente. Mientras sobre el césped las cosas ruedan de dulce, los despachos de la entidad rojiblanca aguardan un fallo judicial que, en el peor de los escenarios, podría traducirse en una multa millonaria capaz de comprometer la viabilidad del club.
La vista oral concluyó con un diagnóstico contundente por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Ambas acusaciones sostienen que se ha probado la existencia de una trama de defraudación tributaria ideada a partir de la llegada de Gino Pozzo al control del club. El empresario italiano figura como presunto autor de los hechos, mientras que Quique Pina, Jordi Trilles y De la Riva se han sentado en el banquillo en calidad de cooperadores necesarios. Según expuso el Ministerio Fiscal en sus conclusiones, la operativa consistía en gestionar diversas sociedades con los fondos del propio Pozzo para simular operaciones y eludir el pago de impuestos, llegando a definir su papel en la entidad como el de un «parásito» que «entró en el Granada, se hizo con las ganancias, no tributó y se fue».
El contraste entre el césped y los despachos
Yo esto lo veo con la preocupación de quien sabe que en el fútbol el trabajo de noventa minutos puede irse al traste por lo que firma un juez. La paradoja en Los Cármenes es monumental: deportivamente el equipo vive una racha fantástica, asentado en la tercera posición de la tabla y tras enlazar seis victorias consecutivas —igualando la mejor marca de toda su historia—. El vestuario funciona, la pelota entra y la afición disfruta en la grada, pero la tranquilidad no es completa.
La amenaza no es una sanción deportiva al uso ni un bache de resultados del que te recuperas ganando el domingo siguiente. Hablamos de una factura económica que el club difícilmente podría asumir sin poner en riesgo su continuidad. Como bien advirtió el abogado Javier Aranguren durante el proceso, la imposición de una sanción económica de tal magnitud «sería irremediablemente su fin». Cuando la supervivencia institucional está sobre la mesa, la clasificación pasa a un segundo plano.
Una estructura bajo la lupa judicial
El meollo de la causa gira en torno al modelo de gestión que se implantó en el club granadino durante la etapa de Pozzo y Pina. Las partes acusadoras consideran demostrado que existió un plan estructurado para canalizar los beneficios generados por la entidad fuera del control de la Hacienda pública. La red de sociedades entrelazadas, que supuestamente servía para mover los recursos económicos asociados a la actividad del Granada, es el pilar sobre el que descansa la acusación de fraude tributario.
Para los cooperadores necesarios acusados en el proceso —Pina, Trilles y De la Riva—, el dictamen final determinará el grado de responsabilidad penal y civil en la ejecución de ese entramado financiero. Del lado del Granada, la preocupación es inmediata: el fallo marcará si la entidad debe responder solidariamente o asumir penas pecuniarias que asfixiarían las arcas del club.
Ahora todo queda en manos del magistrado redactar la resolución. Mientras los futbolistas siguen sumando de tres en tres sobre el verde, el granadinismo contiene el aliento mirando a los tribunales. Toca esperar una sentencia que dictaminará si el proyecto deportivo puede seguir su curso o si los errores del pasado se cobran la factura definitiva.




















