El Consejo Superior de Deportes ha movido ficha y ha trasladado al Tribunal Administrativo del Deporte las polémicas palabras de Javier Tebas sobre el Real Madrid. Ahora la pelota está en el tejado del TAD, que debe resolver si abre un expediente sancionador al presidente de LaLiga por su ya famosa comparación con los métodos de propaganda nazi.
Todo salta por los comentarios que Tebas publicó el pasado 16 de octubre en su cuenta de la red social X. Allí comparó las formas de comunicar de Real Madrid TV con las técnicas empleadas por Joseph Goebbels en la Alemania de los años treinta. Aunque el dirigente matizó de inmediato que se refería estrictamente a las herramientas de comunicación y no a la ideología del club ni a su afición, la marejada no tardó en llegar. La entidad madridista reaccionó pidiendo formalmente su dimisión inmediata, y ahora el CSD ha decidido actuar de oficio amparándose en el artículo 76.4.b de la Ley del Deporte, el cual penaliza los actos públicos que atenten contra la dignidad o el decoro deportivos.
Qué implica este paso y a qué sanciones se enfrenta Tebas
Yo esto lo veo con la claridad de quien ha presenciado decenas de pulsos institucionales en nuestro fútbol: el CSD no sanciona directamente, pero su petición razonada obliga al TAD a pronunciarse de forma oficial. El órgano administrativo debe determinar primero si aprecia argumentos jurídicos de peso o si, por el contrario, considera que las declaraciones no rebasan el límite legal para iniciar un procedimiento sancionador.
Si el tribunal decide tirar hacia adelante e incoar el expediente, el proceso incluirá la recogida de documentación y la redacción de un pliego de cargos formal para que Javier Tebas pueda ejercer su derecho a defensa. No estamos ante un asunto menor en el plano administrativo. Al calificarse como una posible infracción grave, el abanico de consecuencias va desde una amonestación pública o una sanción económica de entre 600,01 y 3.000 euros, hasta la inhabilitación para ejercer cargos directivos en entidades deportivas por un periodo que oscila entre un mes y dos años.
El CSD fundamenta su traslado en la propia doctrina del TAD y del Tribunal Supremo, recordando que el decoro y la dignidad en el ámbito deportivo exigen un marco de respeto recíproco entre quienes ostentan responsabilidades de máximo nivel. Cuando la tensión verbal supera ciertos límites, la convivencia institucional se resquebraja, y ahí es donde las autoridades han decidido poner el acento.
El historial del presidente de LaLiga en el TAD: dos antecedentes recientes
Para entender el alcance real de esta situación conviene tirar de tiroteca, porque no es la primera vez que el presidente de la patronal se ve en una encrucijada similar. De confirmarse la apertura del expediente, estaríamos ante el tercer procedimiento instruido contra Tebas en el tribunal deportivo durante los últimos años, habiéndose resuelto los dos anteriores sin consecuencias drásticas para su cargo.
El primer antecedente relevante se remonta a julio de 2024, tras una denuncia promovida por Florentino Pérez a cuenta de la convocatoria de la asamblea de LaLiga en 2021 donde se debatió el acuerdo con el fondo CVC. En aquel momento, el Real Madrid alegó discriminación e irregularidades en los plazos de citación. El TAD estimó parcialmente la reclamación al considerar que la urgencia de la reunión no se motivó debidamente, cerrando el caso en septiembre con una amonestación pública tras descartar el conflicto de intereses.
El segundo choque ante el órgano administrativo se resolvió bastante más cerca en el tiempo, el 30 de julio de 2026. Aquella causa tuvo su origen en agosto de 2025 por una denuncia presentada por Miguel Galán, presidente de CENAFE, quien acusó a Tebas de vulnerar el deber de neutralidad tras la difusión pública de datos económicos del Barcelona sobre el límite presupuestario. Tras casi un año de trámites e investigaciones administrativas, el expediente se archivó definitivamente sin imposición de sanción alguna.
A partir de ahora nos toca esperar la resolución inicial del TAD. El organismo examinará el texto remitido por el CSD, valorará si existe encaje legal en la falta grave de decoro y decidirá si abre formalmente el caso o si da por zanjada la polémica en la vía administrativa.
